Martes 22 de abril de 2008

El presidente de Castilla-La Mancha José María Barreda ha anunciado la construcción de un gran número de viviendas, nada menos que 50.000, con una tipología novedosa, iniciativa privada con garantías públicas. De momento se trata de un borrador que está en estudio pero, a priori, parece una medida más que positiva orientada a plantar cara a la recesión.

El anuncio se producía en las Cortes regionales justo un día antes de que el ejecutivo nacional aprobara un paquete de medidas con el mismo objetivo: combatir el pinchazo inmobiliario y las turbulencias internacionales que están incidiendo de manera negativa en la economía española. Se trata de la primera comunidad autónoma que lanza un órdago a la crisis de estas características, quizás sean las prisas las que arrojan tanta incertidumbre en el sector, pero sí que es cierto que queda mucho por hacer y por decir de esta cuestión. Una de las claves de la iniciativa es que el gobierno regional se compromete a comprar las viviendas que queden en stock, es decir, todas aquellas que los promotores privados no hayan conseguido colocar, irán a parar a manos del ejecutivo de Barreda pero, ¿cuál será su salida? Las estadísticas apuntan a que existen cerca de 40.000 demandantes de vivienda en Castilla-La Mancha, si las cifras son correctas y suponiendo que todos adquieran una de estas viviendas, ¿qué pasará con las 10.000 sobrantes? Lo más lógico es pensar que se pondrán a disposición de los ciudadanos en un régimen de alquiler, con medidas para los más jóvenes y con unas condiciones de accesibilidad favorables. Pero antes de este paso nos encontramos con otra cuestión, ¿con qué capital piensa la Junta de Comunidades adquirir el parque sobrante? ¿Tiene la deuda pública capacidad para acometer esta inversión?

Con los cabos algo más atados parece encontrarse el proceso de creación de la Empresa Pública de Gestión del Suelo, un organismo cuya gestación ha sido ratificada en la cámara parlamentaria por unanimidad y que en tres meses tendrá los estatutos aprobados. Esta entidad será una herramienta fundamental para desarrollar la medida de construir viviendas público-privadas ya que será la que determine el suelo disponible y el precio del metro cuadrado, un dato que sin duda estarán esperando los constructores antes de decidir entrar a formar parte del proyecto, no olvidemos que son empresarios y que de la rentabilidad de la operación dependerá su atractivo.

La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha (LOTAU) también está a la vista, un gran paso para favorecer, como el propio José María Barreda manifestó, “soluciones realistas y eficaces”.

Este paquete de medidas con el horizonte puesto en los próximos 4 años, unido al impulsado por el gobierno estatal que incluye 11 medidas –entre las que destaca la prolongación gratuita de los plazos de hipoteca para todas las familias- con un impacto de 24 millones de euros en dos años, abren una puerta a la situación económica actual que, no olvidemos, tiene su mayor incidencia en el sector inmobiliario y de la construcción. Ahora falta que los agentes sociales y el sector privado aporten sus propias sugerencias para hacer de una medida audaz a priori, efectiva y exitosa a posteriori.

Publicado en el diario Negocio

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